El pasado mes de octubre se promulgó la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que ha entrado en vigor con fecha 1 de enero de 2012. Esta nueva ley, que sigue sin resolver el enorme problema al que se enfrenta una empresa cuando entra en concurso de acreedores (no en vano más del 90% acaban en liquidación) debido a la ausencia de un marco jurídico adecuado que garantice la protección necesaria ante esta situación: disponibilidad de crédito financiero y comercial, respeto efectivo de los contratos en vigor, etc. perpetúa además otro tema que es el objeto del título de este pequeño artículo.



